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Indagaciones hechas por La República en la Contraloría revelan que este informe habla de la poca diligencia de los funcionarios de Perupetro y de gruesas omisiones en la parte legislativa. Del mismo modo, se menciona que Perupetro habría usado parámetros no regulados en el Reglamento de Calificación de Empresas Petroleras para descalificar a Petroperú.

Uno de los hechos más graves detectados por la Contraloría es que Perupetro notificó a Petroperú su descalificación el 24 de julio y el informe (N°GFCN -0265- 2017) de sustento de la comisión calificadora recién se elevó a la gerencia de Perupetro el 25 de julio; es decir, Petroperú fue descalificado sin sustento técnico, legal, económico y financiero.

La petrolera estatal solicitó su calificación amparada en la Ley 30357, que fue aprobada por mayoría multipartidaria y por la insistencia del Congreso en el 2015.

Esta ley –mandatoria por su naturaleza– señala que una vez culminado el actual contrato temporal de Pacific Stratus Energy(hoy Frontera) debe ser entregado a Petroperú para que decida si convoca a socios o no para su operación por 30 año

 



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